De acusadores a acusados. Ocho consejeros del gobierno regional La Libertad, podrían ser denunciados penalmente al haber atribuido una acusación judicial contra el prefecto regional, la cual no existe.
Una acusación a la ligera que podría llevarlos al banquillo de los acusados. El 17 de mayo de este mes ocho consejeros del gobierno regional La Libertad, firmaron un pronunciamiento expresando su rechazo a la designación del prefecto Joseph Altamirano Vera.
Para ello, invocan una sentencia judicial sobre reserva de fallo y reglas de conducta que le impedirían cumplir a cabalidad las funciones, como es NO FRECUENTAR LUGARES DE DUDOSA REPUTACIÓN.
De ser así, no podría acudir a operativos en bares, discotecas o prostíbulos.
Sin embargo, esta disposición judicial que mencionan los consejeros, simplemente no existe.
El concejero delegado, David Calderón de los Ríos, defendió la posición del consejo regional, y evocó la sentencia por maltrato psicológico a una mujer, a quien Altamirano deberá pagar una reparación civil de 10 mil soles, lo cual no era materia de discusión.
Esta acusación que ha quedado plasmada en un documento, con sello y rúbrica de los consejeros liberteños, es una prueba contundente que podría conllevarlos a enfrentar una denuncia penal por los delitos de Falsedad Genérica y Difamación.
Existe un agravante, dado a que los consejeros tuvieron a la vista la resolución judicial, cuyo contenido fue materia de debate en sesión de Consejo Regional. Entonces no pueden alegar error o que han sido sorprendidos o inducidos por alguien. A nivel interno, podrían ser sancionados por una infracción al Código de Ética de la Función Pública.
