En el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, la Contraloría General supervisó los procesos de compras, almacenamiento y entrega de las canastas de víveres de primera necesidad a familias vulnerables en 561 municipalidades de todo el país, de los cuales el 32% estaban en la fase de compra y distribución de estas canastas sin observación alguna, mientras que en el resto se identificó algún tipo de hecho que podría afectar la finalidad de dicha ayuda.
Del total de municipios intervenidos, 91 corresponden a jurisdicciones provinciales, y 470 a distritos de todas las regiones. El 32% tienen deficiencias en distribución y 20% tuvieron demoras en compra de productos. El acompañamiento realizado por los auditores de la Contraloría permitió detectar diversas deficiencias asociadas principalmente en la distribución de canastas que se presentaron en 130 municipios (23% del total), tales como la falta de padrones de beneficiarios, padrones desactualizados, ausencia de actas de entrega, personal edil sin equipos de protección, entre otros.
Además, la demora en los procesos para adquirir los víveres, lo que se reflejó en un total de 113 municipalidades que representan el 20% del total de entidades ediles supervisadas. También se detectó que 86 municipalidades (15% del total) tienen deficiencias en la fase de almacenamiento, debido principalmente al uso de locales inadecuados, sin documentación respectiva o sin personal debidamente protegido, para almacenar los víveres antes de ser distribuidos.
Otro hecho detectado por los auditores fueron las deficiencias en los productos adquiridos por 33 municipalidades (6% del total), entre los cuales figuran las diferencias en el peso de los productos adquiridos, la falta de registro sanitario, falta de inocuidad, ausencia de fecha de vencimiento, alimentos en malas condiciones, entre otros.
Asimismo, se detectó falta de información en las órdenes de compra y en la calidad de los productos adquiridos por la Municipalidad Provincial de Chepén, en la región La Libertad, para la elaboración de canastas familiares, generando el riesgo de la autenticidad del origen, seguridad del empaquetado y calidad de los alimentos, pudiéndose afectar la salud de la población beneficiada.
