Desde el martes 17 de diciembre, motocicletas y mototaxis nuevas están obligadas a circular con una nueva placa de mayor tamaño, fondo blanco, letras negras y un chip de Identificación por Radiofrecuencia (RFID). La disposición, emitida por el Gobierno central, busca, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, en un contexto donde las motocicletas son utilizadas con frecuencia en robos y crímenes.
El argumento oficial combina dos elementos: mayor visibilidad de la placa y la incorporación de un microchip que permitiría identificar al vehículo. Sin embargo, el principal cuestionamiento es técnico: en el Perú no existe infraestructura para leer estos chips. A la fecha, no se han implementado lectores ni sistemas operativos que permitan usar la información del RFID, pese a que este tipo de tecnología lleva más de una década anunciándose en el país.
La ausencia de soporte tecnológico convierte al chip en un componente sin función práctica, mientras el costo de la placa se incrementa para los conductores. A ello se suma otro factor que ha generado reclamos: solo una empresa está autorizada para fabricar y vender estas placas, lo que configura un monopolio que no ha logrado cubrir la demanda ni cumplir con los plazos establecidos.
La norma exige el cumplimiento inmediato, pero el mercado no responde con la misma rapidez. Conductores y asociaciones advierten que, de mantenerse este escenario, muchos usuarios podrían ser sancionados por no contar con una placa que el propio sistema no puede proveer oportunamente. Especialistas señalan que imponer una obligación sin capacidad operativa real abre la puerta a sanciones arbitrarias, informalidad forzada y mayor desorden, efectos contrarios al objetivo de seguridad que se busca alcanzar.
