Mediante un decreto supremo publicado en el diario El Peruano, el Ejecutivo señala que los Gobiernos Regionales y Locales involucrados en el trabajo de prevención de los efectos del Fenómeno de El Niño deberán ejecutar acciones inmediatas.
La declaratoria de emergencia tendrá un período de 60 días calendario, en los cuales deberán ejecutarse un plan de acciones preventivas para reducir el alto riesgo existente y las rehabilitaciones que correspondan.
Con este propósito participará el ejercicio de ayuda humanitaria internacional denominado «Alas de esperanza», promovido por la Fuerza Aérea Peruana (FAP). Esta práctica se realizará del 6 al 10 de julio junto con una acción cívica, donde médicos y enfermeras del Hospital Perú de EsSalud brindarán atenciones en las especialidades de medicina interna, medicina general, ginecología, geriatría, traumatología, cirugía y enfermería, entre otros. Se prevé brindar más de 3 mil atenciones médicas.
Por su parte, los gobiernos regionales de Tumbes, Piura, Lambayeque, @La Libertad, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Cusco, Puno y Junín, así como los gobiernos locales involucrados, deberán ejecutar las acciones inmediatas y necesarias destinadas a reducir el nivel de riesgo existente y la rehabilitación de las zonas que pudieran verse afectadas, priorizando el restablecimiento de los servicios básicos y de la infraestructura diversa.
Tales acciones podrían ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.
«Durante el ejercicio se tiene previsto desarrollar vuelos de reconocimiento, puentes aéreos, traslado de ayuda humanitaria, equipos y personal especializado, búsqueda y rescate, transporte de heridos, entre otras actividades de emergencia», comentó un funcionario de EsSalud.
Dicha labor se realizará con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), y demás instituciones públicas y privadas involucradas.
