Se trata de dos suboficiales en actividad, uno asignado a la Comisaría de Huanchaco y el otro perteneciente al Escuadrón Verde.
Un nuevo giro en la masacre ocurrida en el anexo pueblo nuevo, en la provincia de Pataz, donde 13 trabajadores fueron asesinados dentro del nivel 2520 de una mina informal.
Detrás del hecho hay una cadena de subcontrataciones que comienza con la empresa minera Poderosa, pasa por Libmar SAC y termina con R&R, una firma informal de seguridad vinculada, según la Fiscalía, a dos policías en actividad, uno asignado a la Comisaría de Huanchaco y el otro al Escuadrón Verde. Esta situación ha generado fuertes cuestionamientos, ya que la ley prohíbe expresamente que policías en actividad desempeñen funciones adicionales.
El director general de la Defensoría de la Policía Máximo Ramírez se pronunció al respecto.
Lo que sí es real es que esta situación deja una sensación desagradable de que podrían existir intereses mayores detrás y no se descarta que estos efectivos policiales sean posibles testaferros de mandos superiores.
