Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente de la FPF por el caso de «Los Cuellos Blancos del Puerto»
El Poder Judicial rechazó ayer jueves después de las 7 de la noche el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, investigado por su presunta vinculación a la organización criminal de «Los Cuellos Blancos del Puerto».
El juez Chuyo Zavaleta dijo que no hay uniformidad en los hechos que el Ministerio Púbico atribuye a Oviedo, acusado de los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo especifico y tráfico de influencias en calidad de instigador.
Precisó que la declaración de un colaborador eficaz donde señala haber escuchado una conversación entre el prófugo Hinostroza y Oviedo para beneficiarlo, no constituye por sí evidencia para afirmar que haya un alto grado de probabilidad de que el hecho ilícito ocurrió.
El titular de la Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, Chuyo Zavaleta, solo dictó «comparecencia con restricciones» y el pago de una caución de 100 mil soles.
Esta decisión no permitirá que Edwin Oviedo recupere su libertad dado que tiene otra orden de prisión preventiva por 18 meses vigente por el caso los «Wachiturros de Tumán», el cual es investigado en Lambayeque.
Sobre el tema de tráfico de influencias, sostuvo que la Fiscalía omitió precisar elementos de convicción para mostrar que el expresidente de FPF Oviedo motivó la casación con la que supuestamente lo habría beneficiado a Hinostroza en el caso los Wachiturros de Tumán.
Tampoco encontró elementos de convicción para evaluar el presunto delito de organización criminal que se atribuye a Oviedo, pues, según el juez, la Fiscalía omitió detallar el funcionamiento de la organización criminal y los actos delictivos que habrían cometido.
“Por los motivos señalados no se verificaría la existencia de fundados y graves elementos de convicción que requiere una prisión preventiva”, refirió el juez.
Además aseguró que por esa razón no corresponde analizar los otros presupuestos para determinar la prisión preventiva, según la información de Andina.
