Gobierno observó la denominada “Ley Fujimori”


El presidente de la república Martín Vizcarra, presentó observaciones sobre la cuestionada ley Fujimori, norma que permite estar en arresto domiciliario a los sentenciados mayores de 65 años.

En portal web, el diario el comercio analiza los puntos que sustentan la observación de la denominada “Ley Fujimori”, presentada por el ejecutivo. Se los resumimos a continuación.

1. Es inconstitucional y atenta contra la función jurisdiccional.

el gobierno considera que el hecho de tramitar la ejecución humanitaria de la pena solo ante el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), como señala la ley en su artículo 4, es inconstitucional e inaceptable porque atenta contra el Poder Judicial y desnaturaliza sus funciones, reduciéndolas a un mero trámite administrativo.

2. Regula beneficios para personas determinadas (“Leyes con nombre propio”), el documento firmado por el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro, César Villanueva, señala que no se entiende por qué la ley refiere que la ley beneficia a reos sentenciados por determinados delitos y excluye a otros tipos penales de igual gravedad.

Por ejemplo, se cuestiona que no se excluya a sentenciados por homicidio doloso, tortura, lavado de activos, corrupción, entre otros. en estos últimos casos, se refiere que la ley atentaría contra compromisos internacionales suscritos por el Perú.

3. Beneficia a condenados por violaciones a los derechos humanos.

para el ejecutivo, esto contraviene criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte IDH), como el que obliga a los estados a asegurar que las penas impuestas por violaciones a los derechos humanos y su ejecución no se constituyan en factores de impunidad.

5. Atribuye responsabilidad penal a una persona por la transgresión de otra.

El ejecutivo se refiere al literal b del artículo 2 de la ley, que establece que el beneficiado con la ejecución humanitaria debe acreditar un garante que asegure el cumplimiento del desplazamiento del sentenciado. precisamente, la norma refiere que ese garante “asume responsabilidad penal, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acreditados”. Sin embargo, para el gobierno, se está imputando una responsabilidad penal cuando no existe un delito tipificado al respecto en el código penal. por tanto, se viola el principio de legalidad. Además, se advierte que la responsabilidad penal es de carácter personal.

6. Falta de debate en el Congreso, breve y superficial intercambio de ideas.
en este punto, el ejecutivo cuestiona el procedimiento parlamentario de cara a la aprobación de la ley. Asegura que “La deliberación no se debe confundir con la mera votación, toda vez que la primera responde a un debate sustancial de ideas, mientras que la segunda revela un simple conteo de votos”.

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